Después de años de convocatorias raquíticas con la excusa de la crisis, el año 2016 supuso una cierta recuperación en el número de plazas convocadas para el cuerpo de profesores y profesoras de enseñanzas públicas no universitarias (secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de idiomas). Curiosamente en esa convocatoria vivimos un hecho tan poco habitual como la imposibilidad de cubrir las plazas convocadas de profesor de secundaria para la materia de Matemáticas, debido a que no aprobaron las pruebas de acceso un número suficiente de opositores. En esta convocatoria de 2018, parece que esta situación se va a extender a otras muchas materias. Y hay que reconocer que la jugada despierta sospechas por dos razones principales:
– Las oposiciones supone estabilizar el empleo público, por lo que para la administración de políticas neoliberales es mejor dejar el mayor número posible de plazas vacantes y cubrirlos con interinos/as, con menos derechos y más fácilmente maltratables (como se puede comprobar por ejemplo con el tema reciente del pago de los veranos).
– La convocatoria de oposiciones del 2018 supuso un número de plazas pobres, pero superior a convocatorias de los años de los recortes, por lo que poca gente pidió al Gobierno regional una convocatoria realmente ajustada a las necesidades de la plantilla de la enseñanza pública madrileña. Debido a esto el debate se volvió a centrar en las disputas entre opositores/as interinas/os y opositoras/es no interinos/as por la defensa de intereses particulares en vez por la lucha por una convocatoria que garantizara empleo para todas/os.
Convocar oposiciones para unas plazas que no llegan a cubrirse parece la coartada perfecta para encubrir la continuidad de las políticas de recortes. Ya no sólo parece que no se revierten los recortes sino que se continúa con la misma política de precariedad laboral, sólo que se usan pruebas inaccesibles (entre otras cosas, por su opacidad) que, en cierta manera, suponen culpabilizar al opositor/a de la responsabilidad de no ser capaz de pasar dichas pruebas.
Esta es la conclusión que se puede extraer de las pruebas de acceso a la función pública del cuerpo de profesores de este 2018. Quizás nos equivoquemos y simplemente sea la inutilidad de la administración la que ha provocado este nuevo maltrato (y mal trago), pero confesemos que los antecedentes no pueden provocar más que una total desconfianza por parte de nuestro colectivo.
Compañera/o: la lucha es el único camino…