En esta entrada queremos hablar sobre “el macrojuicio”, como lo llama El Cofindencial en su artículo, que va a haber contra la Universidad Autónoma de Madrid como resultado de la denuncia interpuesta ante Inspección de Trabajo por parte de Comisiones Obreras. La Inspección de Trabajo determinó que las becarias OPE estaban en condiciones de fraude de ley, encubriendo un puesto de trabajo y, por tanto, se les debía pagar la Seguridad Social desde el día en que se incorporaron. Esto se tradujo en una demanda de oficio ante los Juzgados de lo Social de Madrid con el objetivo de que dictase sentencia sobre si la relación es de tipo laboral.
En este contexto, las becarias han sido denunciadas como parte interesada en el juicio contra la UAM y, por lo que hemos entendido del artículo de El Cofidencial, esto ha causado inquietud. Una inquietud que la Universidad ha sabido aprovechar, convocando a las becarias y dándoles medias verdades cuando no mentiras enteras: las palabras recogidas por El Cofidencial del Secretario General de la UAM, Antonio Perdices, van encaminadas a sembrar el miedo y la confusión, así como a tirar balones fuera para intentar evadir la responsabilidad de la Universidad en esta explotación laboral sistemática.
Efectivamente la Universidad no ha pedido que se demande a las becarias, pero es que esta demanda se hace automática como parte interesada y no porque se les reclame cantidad alguna. La única responsable del alta en la Seguridad Social y el abono de las cantidades que se deben es la Universidad. El paso que corresponde ahora a las becarias demandadas es buscar un representante que asista al juicio, ya que de lo contrario habrá becarias que no puedan formar parte del mismo como parte interesada.
En cuanto a las preguntas de algunas becarias que aparecen en el artículo, queremos responderlas nosotras también:
– “¿Habría más salario para nosotros si el juzgado declara que había relación laboral (y no de prácticas)?”
Si la sentencia es favorable y demuestra la relación laboral, la Universidad, a partir de ese momento, se verá obligada a pagar lo que corresponda por convenio para las tareas que se están realizando (que es más que lo que se cobra en prácticas). Además, las trabajadoras podrán reclamar a la Universidad las cantidades que les adeudan, por no haber cobrado según convenio hasta ese momento, con intereses por el retraso en los pagos. Es importante notar que una vez demostrada la relación laboral es prácticamente automático ganar la reclamación de cantidades, pero teniendo en cuenta que las diferencias salariales prescriben al año.
– “Aunque sea un tecnicismo, no deja de ser verdad que cada uno de los estudiantes estamos demandados personalmente por la Tesorería de la Seguridad Social (…). Entonces me gustaría saber si como estudiantes, tanto de manera individual como colectiva, la universidad va a facilitar algún tipo de asesoramiento legal para nosotros”
Creemos importante recordar quién es la parte interesada en que el juicio se pierda: la Universidad. La Universidad lleva años obteniendo personal cualificado a precio de saldo y es de esperar que no esté dispuesta a renunciar a este sistema tan lucrativo que le permite sacar adelante su trabajo a bajo coste. Es por esto que ninguna trabajadora debiera esperar la más mínima ayuda por parte de la institución y debería buscar apoyo en sus iguales, organizarse y luchar por lo que les pertenece.
Para terminar queríamos recordar la campaña que tenemos abierta contra las becas, que tienen como único objetivo el abaratamiento de la mano de obra, encubriendo puestos de trabajo. En este contexto se han ganado juicios contra la UAM, UAH y UCM, cuyas sentencias pueden verse aquí. En todos ellos se demostró la relación laboral y, en el caso de la UAH, se consiguió hasta la readmisión del compañero a su puesto de trabajo, en el cual sigue estando a día de hoy.
