Desde hace años en el ámbito de acción e intervención social, las empresas privadas que
gestionan distintos proyectos en el ayuntamiento de Madrid han sido y son responsables de las pésimas condiciones que, por desgracia, están normalizadas.
Grupos de trabajadoras que tienen que enfrentarse a jornadas laborales mal estructuradas,
con pocas horas o con ninguna para proponer y desarrollar una intervención individualizada, conscientes de las realidades tanto de los grupos como de las personas de los proyectos.
En muchos casos, ese desarrollo ocurre fuera del horario laboral, sin elección ni remuneración, todo por intentar mitigar las consecuencias dañinas para las personas del proyecto.
Estas empresas privadas, que operan con presupuestos de cientos de miles de euros del Estado, tratan de reducir sus gastos al mínimo posible con el objetivo de llenar unos pocos bolsillos.
En diciembre de 2021, Servicios Profesionales Sociales S.A despedía a un trabajador por
negarse a trabajar fuera de su horario, por negarse a aceptar una bolsa de horas impuesta por la empresa y por no aceptar su mala gestión del proyecto.
El conflicto se ha desarrollado desde los piquetes, los puestos informativos, la movilización y la visibilización hasta la denuncia del trabajador a la empresa por vulneración de derechos fundamentales.
El pasado mes de mayo se celebró finalmente el juicio y la sentencia fue parcial: despido nulo por vulneración de derechos fundamentales. Esto implica que la empresa tiene la obligación de readmitir al trabajador y pagar los salarios de tramitación, no teniendo que pagar la indemnización por daños y perjuicios recogida en la Ley Lisos.
Ambas partes han recurrido, elevándose al Tribunal Superior de Justicia.
Esto quiere decir que la resolución del conflicto por vía judicial aun está por determinar, y puede que finalmente sea una sentencia totalmente favorable para el trabajador, aunque también puede que no lo sea.
Y sea como sea, ganar este juicio no significa acabar con la precariedad del sector, no significa acabar con la mala gestión de las empresas privadas, no significa evitar que creen pobreza para generar su riqueza, no significa que muchas trabajadoras puedan optar por una forma segura de trabajar, una seguridad tanto física como anímica.
Este juicio es solo eso, un juicio.
Es la lucha de todas las personas que sobrevivimos a una realidad violenta no solo en el ámbito laboral, que visibilizamos esta realidad que por desgracia muchas compartimos, que apoyamos a las personas de nuestro entorno, que desarrollamos el apoyo mutuo, que no creemos ni defendemos a nuestro opresor común, que actuamos cuando tenemos fuerza y nos respetamos al no tenerla. Es esa lucha la que significa algo distinto.
Desde la CNT-AIT queremos visibilizar este conflicto y luchar contra quienes convierten el mundo en un lugar hostil con toda la fuerza que tengamos.
Contra su violencia, contra su explotación; ninguna agresión sin respuesta.
