Un funcionario de los Servicios Jurídicos de la Universidad Carlos III difama al delegado de la sección sindical de CNT durante el juicio, mientras que algunas trabajadoras del departamento de Recursos Humanos se personan con la intención de declarar en contra del trabajador despedido.
El pasado lunes 14 de enero se celebró en el Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid el juicio de nuestro compañero Javier, delegado de la sección sindical de CNT, contra la universidad Carlos III de Madrid. En él se pidió ante la jueza Elena Bornaechea la consideración de su despido como nulo y por lo tanto la readmisión inmediata del trabajador en su puesto. El abogado laboralista de la CNT, Juan de la Lama, insistió en el carácter fraudulento de los siete contratos que encadenó consecutivamente el trabajador durante los casi cuatro años que estuvo vinculado laboralmente a dicha insitución. Una vez autorizado legalmente el encadenamiento de por vida de los contratos temporales con el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para la Promoción del Empleo de los Jóvenes del PSOE, de 30 de agosto de 2011, y la subsiguiente Reforma Laboral del PP, de 10 de febrero de 2012, uno de los pocos argumentos jurídicos que quedan para poder reclamar la improcedencia de un despido de este tipo es que la naturaleza de la obra y servicio para la que el trabajador es contratado no se ajusta al verdadero trabajo que el empleado desempeña. En otras palabras, que el trabajador no está haciendo ninguna tarea puntual y finita en el tiempo, sino que se le está utilizando como mano de obra obsolescente, igual que si fuera un ordenador o cualquier cacharro sustituible por otro semejante el día que ya no hace falta o consume más de lo indicado.
A pesar de los sucesivos hachazos a los derechos de los trabajadores que hemos vivido en los últimos años, todavía el contrato temporal o por obra y servicio es legalmente una «irregularidad» cuya necesidad y objetividad el empleador tiene la obligación de demostrar cuando hay una demanda por despido improcedente o nulo. En el caso de nuestro compañero, y de tantos otros trabajadores precarios que llenan las universidades públicas de nuestro país, el hecho de que las tareas que desempeñó trascendían las señaladas en el objeto de la obra descrita en sus contratos es más que evidente. Durante más de tres años, nuestro compañero realizó indistintamente las tareas de gestión de dos proyectos de investigación, a las que a veces se sumaban labores de traducción, preparación de clases y «recados» para los profesores de mejor pedigrí del Departamento de Economía de la Empresa. Sin embargo, en los contratos que fue encadenando consecutivamente desde diciembre de 2008 hasta julio de 2012, lo que aparecía en el objeto de la obra para la que había sido contratado era, o bien «tareas de gestión para el proyecto INNOMARK», financiado por la Comunidad de Madrid, o «tareas de apoyo a la investigación para el proyecto La gestión de la innovación», financiado por el Ministerio de Educación. Su relación laboral no era por tanto puntual ni se ceñía a una obra y servicio determinada. Esa es simplemente la excusa que utilizan estas instituciones para tener una buena bolsa de trabajadores precarios, baratos y fáciles de despedir, que sirvan para hacer el trabajo sucio que el personal funcionario no da abasto para realizar. Y esto mismo que ocurre con el personal vinculado a proyectos de investigación sucede también con los becarios, con el PAS interino, con los profesores asociados y en formación, y no digamos ya con los trabajadores subcontratados para realizar tareas básicas para el funcionamiento de la universidad (limpieza, mantenimiento, restauración, reprografía, etc.), a los que la universidad puede poner de patitas en la calle con una simple llamada al empresario corrupto de turno.
En definitiva, lo que en el juicio planteó el denunciante es que los proyectos de investigación son una fuente de ingresos constante para las universidades públicas, no «obras» concretas a las que se puede vincular personal de quita y pon, al que se puede dar la patada en el trasero en cuanto se termine su período de duración o se acaben esos fondos concretos. Dado que los propios proyectos para los que trabajaba nuestro compañero de CNT continuaron una vez que él fue despedido, las tareas derivadas de su gestión obviamente se las acabaron «comiendo» los administrativos del departamento para el que trabajaba (funcionarios con plaza o interinos) o los sempiternos becarios de turno. Y eso seguirá pasando con los nuevos proyectos que les sigan concediendo, a no ser que los trabajadores precarios y los funcionarios se organicen y digan «basta» a esta situación, tal y como ha estado haciendo nuestro compañero Javier durante estos meses de acciones de visibilización y lucha.
En el juicio, el abogado de la CNT aportó emails que el trabajador intercambió con sus jefes directos y con administraciones, documentos oficiales en los que aparece su firma como gestor de proyectos para los que no había sido contratado, actas oficiales con su nombre, etc., en los que queda suficientemente probado que el trabajador no se dedicaba solo a las tareas que figuraban en su contrato. Por desgracia, no pudo aportar testigos para demostrar que continuó trabajando una vez dado de baja en la Seguridad Social, porque los compañeros de trabajo con los que Javier contactó antes del juicio para que declarasen, al final se vieron atemorizados en su condición de precarios y tuvieron miedo de que, si testificaban a su favor, no les renovasen próximamente como represalia desde la gerencia de la Universidad. En todo caso, sí se presentaron pruebas que deberían ser más que suficientes, como correos electrónicos en los que a nuestro compañero se le seguían encomendando tareas después de haber finalizado su último contrato. El hecho de que el trabajador siguiera en su puesto de trabajo y con un buen puñado de cosas que hacer después de que su relación laboral se hubiera oficialmente extinguido es otra prueba más de que esa relación laboral no era eventual ni se ceñía a unas funciones con una duración determinada en el tiempo. Al trabajador jamás se le comunicó formalmente la extinción de su contrato y tuvo que ser él mismo el que acudiera a buscar su certificado de empresa después de recibir la notificación de baja en la Seguridad Social por medio de un mensaje de móvil desde la Tesorería General.
Incluso unos días antes de su despido, otro catedrático, investigador principal, le ofreció un trabajillo de un mes de duración para redactar un informe relacionado con otro proyecto de investigación diferente. Cuando el trabajador pidió que se le hiciera un contrato, aunque solo fuera de treinta días, desde Recursos Humanos de la universidad le dijeron que sí, que por supuesto, pero que antes tenía que firmar su baja voluntaria del contrato que todavía tenía en vigor. Algo que, de no haber estado informado de sus derechos, le habría hecho perder para siempre su prestación de desempleo, entre otras cosas.
Relatamos todos estos pormenores, no porque desde la CNT nos preocupen especialmente las circunstancias legales en las que nuestro compañero fue despedido o los argumentos de los abogados de uno y otro lado el día de la pantomima del juicio. Sabemos perfectamente que jueces y fiscales pertenecen a la misma casta represiva y son igualmente culpables de la explotación de la clase trabajadora que empresarios, banqueros o jerifaltes de las instituciones públicas. Simplemente lo hacemos para que se sepa un poco más sobre las prácticas ilegales de quienes gobiernan la universidad Carlos III de Madrid y las razones por las que es necesario ser solidarios con quienes alzan su voz contra ellos.
Pues bien, dentro de ese entramado clientelista e inmoral que representa hoy en día la universidad pública española, queremos destacar en esta entrada la figura del abogado de los servicios jurídicos de la Universidad Carlos III que se personó en el juicio en representación de la institución. También podríamos hablar de las funcionarias del Departamento de Recursos Humanos que anduvieron pululando por la sala de espera del Juzgado, seguramente dispuestas a declarar en contra de nuestro compañero en caso de que este hubiera presentado algún testigo. Sin embargo, queremos centrarnos en la figura de este abogado, por el carácter especialmente simbólico que creemos que le acompaña.
Se llama Pedro Manuel del Castillo González, y en las más de tres horas que duró la espera hasta que ambas partes fueron llamadas a la sala de vistas, en varias ocasiones se le escuchó hablando con otros colegas de profesión sobre lo mal que estaba la situación para los funcionarios, sobre lo injusto de los recortes del actual gobierno y la necesidad de hacer algo para defenderse. Todo ello en un espacio lleno de carteles reivindicativos puesto que, como bien sabrán nuestros lectores, los funcionarios de los juzgados madrileños también se encuentran «en lucha» contra los recortes impuestos por la plutocracia del PP.
Durante todo el proceso, incluso durante el infructuoso acto de conciliación, este abogado de la Universidad insistió mucho en presentarse como «funcionario», algo que luego repitió en varias ocasiones durante la vista, tal vez buscando la complicidad de la señora jueza. Sin embargo, su condición de empleado público y antiguo compañero de trabajo de Javier no le impidió despacharse a gusto contra él durante el juicio. Dijo que sus contratos eran perfectamente legales, justificó la multiplicidad de tareas del trabajador alegando la heterogeneidad de los grupos de investigación, aportó correos personales para desprestigiar su trabajo y los motivos de su denuncia, argumentó jurisprudencia a su favor y dijo que si nadie había notificado a nuestro compañero que estaba en la puñetera calle, eso fue porque su último contrato (de tres meses y un día, después de tres años y medio trabajando ininterrumpidamente) era inferior al año, y por lo tanto no había obligación legal de hacerlo. Además, dijo que la finalización del contrato de nuestro compañero se debía a la falta de fondos que recibía la universidad por culpa de la crisis, y para demostrarlo utilizó el hipócrita Comunicado contra los recortes del rector de la Universidad, Daniel Peña, que, como su señoría debía conocer, había sido publicado en los principales medios de comunicación. Y lo que es mucho peor: el abogado de la defensa aseguró que la constitución de la Sección de CNT y las actividades sindicales desarrolladas por el trabajador y sus compañeros afiliados a CNT antes de la fecha del despido eran todo un montaje para luego poder denunciar a la universidad. Entre esas actividades, estaba la denuncia al gerente de la universidad por haber coaccionado a los trabajadores para que notificasen si iban a hacer huelga o no el 22 de mayo de 2012.
A la salida del juicio, el delegado de nuestra sección quiso acercarse al abogado que lo había insultado durante el juicio, antiguo compañero de trabajo suyo. Le preguntó amablemente que quién pensaba que le defendería a él el día que lo despidieran, le deseó sinceramente que a él y a su familia nunca le ocurriese lo mismo y le ofreció con un poco de ironía la solidaridad de la sección sindical de CNT en la UC3M en el desgraciado caso de que aquello le ocurriera. El empleado de la Universidad debió sentir algo de vergüenza y le dijo a nuestro compañero que en verdad a él le hubiera gustado no haber llegado a esta situación, que le habían informado de que nuestro compañero era una persona muy competente y que en el fondo él simplemente se había limitado a «hacer su trabajo».
Por desgracia, esa frase de «yo hago mi trabajo» se la hemos escuchado ya demasiadas veces a los funcionarios de las comisiones judiciales que ejecutan órdenes de alzamiento y desahucian a familias de sus casas, a los sanitarios que desatienden a inmigrantes enfermos sin permiso de residencia, a los jueces y fiscales que encarcelan y torturan a personas inocentes y solidarias, a los antidisturbios que rompen la crisma a quienes se manifiestan por una sociedad más justa. Suponemos que también en la Alemania nazi debió haber gente que les cuestionaba cosas a quienes enviaban a seres humanos a los campos de concentración. Es muy posible que ante la pregunta de por qué hacían lo que hacían, la respuesta no fuera de ninguna complejidad ideológica. Seguramente dirían, como el abogado de los Servicios Jurídicos de la Universidad: «yo es que hago mi trabajo».
Aparte de la dolorosa frase «yo hago mi trabajo», hay otra frase célebre que hemos escuchado durante estos años a muchos funcionarios de la Universidad Carlos III cuando alguien les critica su inacción o su falta de empatía con el compañero que está más fastidiado que ellos. Es una frase al mismo tiempo maternal y venenosa: «no te quejes, haber estudiado una oposición.» ¡Como si pensaran que una fuerza suprema e inmarcesible les tuviera asegurados sus puestos de trabajo y que lo que les ha pasado a sus trescientos y pico compañeros de trabajo despedidos en 2012 es fruto de su desidia o su falta de tesón! ¿Será tan difícil sacudirse ese corporativismo y empezar a pensar que solidarizarse y defender al compañero precario es la mejor forma de asegurar el puesto de trabajo de uno mismo? ¿Es tan complicado romper con los discursos torticeros de empresas de servicios laborales como UGT y CCOO, que en lugares de trabajo como la Universidad Carlos III de Madrid fomentan deliberadamente este tipo de insolidaridad entre funcionarios de carrera y trabajadores precarios? ¿Por qué llaman violentos, arribistas o amargados a los compañeros «que no hicieron oposición» en vez de levantar la voz junto a ellos y reivindicar unas condiciones laborales dignas para todos? ¿Cuánto es el riesgo que un funcionario de carrera asume por no «hacer su trabajo» un buen día de diario?
A nosotros, desde la CNT, no nos parece que sea tanto, y sinceramente cada día nos estrujamos el cerebro pensando cuál es el resorte mental que lleva a una persona a desobedecer las órdenes, perder el miedo, solidarizarse con quien está en una situación más precaria y romper la baraja de este sistema absurdo en el que vivimos.
Nosotros, desde la CNT, como somos tan radicales, tan violentos y estamos tan locos, seguiremos apoyando a los funcionarios públicos de este país en la defensa de sus puestos de trabajo y en la lucha contra los recortes laborales que les imponga cualquier gobierno.
Y eso que el delegado de la sección de CNT en la UC3M, después de lo que dijeron de él el otro día en el juicio, últimamente viene a nuestras asambleas a pedirnos por favor que dejemos de hacerlo.
